Si gestionas un pequeño negocio o una pyme, y sepas o aún no lo que es una SGR, esto te interesa: ABANCA ha firmado un convenio con el Ministerio de Economía para facilitar la financiación de 4.800 pymes y autónomos en condiciones ventajosas de precios y plazos por valor de 400 millones de euros.
De forma resumida: podrías conseguir pólizas de crédito, préstamos, leasing y otras operaciones de circulante de tu negocio o pyme con unas condiciones muy competitivas gracias a los avales facilitados por las SGR, es decir, las sociedades de garantía recíproca.
¿Qué son las sociedades de garantía recíproca?
Las sociedades de garantía recíproca son asociaciones sin ánimo de lucro, reguladas por el Banco de España, que tienen como objetivo asesorar y facilitar financiación a pymes y autónomos a través de avales.
Estas sociedades actúan como avalistas y posibilitan el acceso al crédito en mejores condiciones de plazo y tipo de interés a las pymes y autónomos, consiguiendo la financiación para sus proyectos. Y pueden hacerlo gracias a los convenios que las SGR negocian con las entidades de crédito.
Existen 18 sociedades de garantía recíproca repartidas por comunidades autónomas y por sectores específicos. ABANCA es el principal socio protector de las dos SGR gallegas, Afigal y Sogarpo, y con su apoyo contribuye a incrementar su capacidad avalista. Además de esta alianza, ABANCA mantiene acuerdos con muchas otras sociedades de garantía recíproca a nivel nacional.
¿Cómo conseguir un aval con las SGR?
Si quieres conseguir un aval para tu empresa, deberás acudir a una oficina de ABANCA con una cita previa. Allí nuestros gestores analizarán la viabilidad de tu proyecto y gestionarán la petición con la correspondiente SGR.
Finalmente, si la operación es viable, deberás convertirte en socio de la sociedad y pagar tu cuota correspondiente. Además, una vez hayas devuelto el crédito que solicitaste, puedes pedir la devolución de las cuotas o continuar siendo socio.
Recuerda que los contenidos de este blog tienen carácter informativo. Cualquier actuación motivada por su contenido o por la interpretación de las normas a las que hace referencia deberá ser analizada de forma específica teniendo en cuenta la situación particular de que se trate.
